Por: Martín Caparrós
Hubo un momento en que pareció que la historia sería otra. Suele pasar, pero a veces engaña más que otras: esta fue de las buenas. A mediados del siglo XX una combinación de factores produjo, en los países ricos de Europa y Norteamérica, un grado de igualdad que ninguna sociedad histórica había conocido. Lo decisivo fue una serie de intervenciones de sus estados: la puesta en marcha de un sistema de educación, salud, vivienda, servicios, seguridad social y jubilación públicas que destinó a los ciudadanos esos dineros fiscales que durante siglos se habían usado para mantener a la nobleza y pagar sus ejércitos.
Esa nueva fiscalidad, basada en impuestos progresivos a los más ricos, equilibró un poco las fortunas. En 1920 el uno por ciento más forrado de Inglaterra o Francia –aristócratas, grandes burgueses– acumulaba entre 55 y 65 por ciento de las riquezas de sus países; en cambio en 1980 “solo” poseía el 20 por ciento de esas riquezas. Fueron, por supuesto, reformas bajo presión: de las grandes guerras, de los movimientos obreros, de la amenaza del bloque soviético, de los reclamos generalizados. Consiguieron, en sus países, unas condiciones de bienestar colectivo como nunca había habido pero, al mismo tiempo, la desigualdad entre esas sociedades ricas y las más pobres –coloniales o ex coloniales– fue mayor que nunca.
En los años 1980, cuando el mundo parecía pacificado y la Unión Soviética se derrumbaba, los liberales contraatacaron. Es raro ver cómo una ideología se impuso en tantos sitios en tan poco tiempo: los neoliberales –o libremercadistas– consiguieron convencer a millones y millones en decenas de países de que los estados que los dirigían eran incapaces de gestionar una empresa de electricidad o el mercado de cereales o una línea aérea –que debían, por lo tanto, ser privatizados. Un estado manejaba sus fuerzas armadas, su policía, su justicia, su fiscalidad, pero no podía manejar unos ferrocarriles. La idea, por absurda, tuvo mucho éxito y caracterizó una etapa histórica que definió las décadas siguientes.
Aquello fue una verdadera revolución. No se la solía pensar como tal por el cliché que pretendía que “revolución” era gente en la calle derrocando un gobierno para instalar uno más popular, o algo así. Pero una revolución es un conjunto de hechos que produce un cambio radical en las estructuras –y eso también se puede hacer, como en esos días, en despachos y restaurantes distinguidos y fincas y palacetes y universidades caras y yates con modelos, en beneficio de los más poderosos. Lo cierto es que nada cambió tanto el mundo de esos años como esos hombres, sus ideas, su poder creciente. Fue una revolución restauradora: restauró las enormes diferencias de patrimonio e ingresos que había habido en los países ricos a principios del siglo XX, en el apogeo de la Edad Occidental, que se había moderado en esas décadas; restauró la aceptación de esas diferencias.
Los líderes de la alianza restauradora anglo-americana, el presidente estadounidense Ronald Reagan y la premier inglesa Margaret Thatcher –que merecería un largo párrafo aparte: la primera vez que una mujer conducía una potencia occidental mostraba una crueldad que la asimilaba a cualquiera de sus predecesores más “masculinos”– recortaron la intervención de los estados y, sobre todo, rebajaron sustancialmente los impuestos de los millonarios y de sus compañías. La excusa era que si dejaban que los ricos se hicieran más ricos esa riqueza “se derramaría” a los demás.
Lo que sucedió fue que esas medidas eliminaron cualquier límite a la acumulación: durante las cuatro décadas siguientes las diferencias entre los más pobres y los más ricos de los países ricos no dejaron de aumentar. En los países más pobres ya eran tan grandes que era difícil aumentarlas; algunos de ellos, sin embargo, conocieron un desarrollo que permitió que muchos de sus habitantes vivieran levemente mejor –pero todavía en condiciones muy difíciles.
Entre 2000 y 2020 el Producto Interno Bruto –o PIB, la suma total de la economía de cada país– dividido “per cápita” –por persona– había crecido con fuerza en Asia del Sur, remolcado por China, donde se duplicó. En el resto del mundo creció entre 30 y 40 por ciento: la diferencia fue que ese 30 por ciento de aumento significaba 11 mil euros más en Europa, 3 mil más en Ñamérica o África. Sin embargo, los cambios que provocaba esa subida en Bolivia o Egipto, donde alcanzaban para que una familia tuviera un techo o comprara remedios, eran más radicales que los que podía causar en Holanda o Canadá, donde solo producían el aumento de un consumo más o menos suntuario ya muy acelerado. Pero, más allá de ciertas variaciones, las diferencias brutales entre países no menguaban: en Islandia uno de cada 500 chicos moría antes de cumplir los cinco años; en Nigeria era uno de cada diez. En Japón la esperanza de vida alcanzaba a los 84; en Sierra Leona, a los 52. En Alemania el adulto promedio había ido a la escuela más de 14 años; en Burkina Faso un año y medio. En 2020 el ingreso anual de cada estadounidense era, en promedio, unos 61 mil euros; en la República Centroafricana no llegaba a 450.
(Había también quienes señalaban que esas realidades, con ser duras, eran tanto mejores que lo que habían sido. Era el caso, por ejemplo, de la mortalidad infantil global: todavía se morían en todo el mundo cada año más de cinco millones de chicos menores de cinco años, pero eran tres chicos por cada 100 nacidos vivos; un siglo antes se morían alrededor de 30. El progreso desigual era, sin duda, las dos cosas: desigual y progreso. La posibilidad que mostraban esos avances, argumentaban los críticos frente a los conformistas, debería comprometernos a conseguirlos para todos. Llegarán pero tardarían, les contestaban los conformistas; así no llegarían nunca, respondían los críticos: para que lleguen hay que quererlos, empujarlos. La discusión, por supuesto, no se resolvía).
El mundo, entonces, estaba completamente segmentado. En 2018 ciertas instituciones celebraron que esa segmentación había llegado a dividir la humanidad en dos partes iguales: por primera vez en la historia, dijeron, los pobres no son más que los que no lo son. Lo explicaban: que entonces los que vivían al borde del desastre –unos 3 mil 900 millones– no eran más que los que vivían acomodados.
Fue una revolución restauradora: restauró las enormes diferencias de patrimonio e ingresos que había habido en los países ricos a principios del siglo XX.
Muchos cuestionaron, por diversas razones, esas cuentas. Era muy difícil calcular cuántos eran los “pobres”. Para empezar, porque nadie se ponía de acuerdo en qué quería decir ser pobre. En 2017 el Banco Mundial, una entidad especializada en pesos y medidas, lanzó unos baremos: eran pobres todos los que vivían con menos de determinada cantidad de euros al día. Las sumas variaban según países: en los más pobres era 1.90; en los más ricos, 21.70; en el medio había muchas más cifras. La pobreza era, entonces, un concepto relativo a la media de ingresos de cada sociedad. Pero, más allá de esas medidas, que recubrían realidades tan diversas, había definiciones más estrictas, más extremas de lo que era la pobreza.
Ser realmente pobre significaba vivir en condiciones precarias, morirse de enfermedades curables, no ir a la escuela, no estar seguro de comer todos los días, no poder imaginar o intentar un futuro distinto. Esos mil 500 o 2 mil –los contadores no se ponían de acuerdo– millones de marginados, abandonados de aquel mundo, eran la prueba del fracaso de esa sociedad global. Incluso en términos de eficacia capitalista: representaba una enorme cantidad de energía social y laboral que el sistema no conseguía aprovechar. Como decía, con un punto de sorna, un comentarista de la época: “Si un gerente de cualquier empresa mantuviera un tercio de sus empleados improductivos por no saber cómo explotarlos lo echarían; esto es lo que sucede con esa enorme cantidad de gente” –y algo así pasó con sus gerentes.
En un mundo donde las máquinas eran tanto más eficaces, la mano de obra y el trabajo –las personas– sobraban. Las guerras y las epidemias, que siempre habían funcionado como mecanismos de regulación demográfica, bajaron, pese a todo, mucho. La gente vivía más, los chicos morían menos: había demasiadas personas. Pero no demasiadas en abstracto, en general: había algunas que eran demasiadas. Un comentarista de esos días lo consideraba “una situación perfectamente anómala: no sé si había pasado alguna vez con esta intensidad, en estas cantidades. A veces pienso que es uno de los grandes cambios de la época: por primera vez en la historia un sexto o un quinto de la población del mundo sobra. Como queda feo que se mueran sin más, los mantienen apenas a flote, desnutridos pero no muertos de hambre”.
Entre esas personas había mil millones que no tenían acceso a la electricidad, mil millones que no tenían agua potable, mil millones que no siempre comían. A menudo eran los mismos; a veces no. No comer lo necesario era la carencia más clara y más urgente. La mayoría de los hambrientos seguía estando en el sur de Asia: 280 millones, por el peso de los indios y los bengalíes. Los 140 millones de asiáticos del Este eran, en su mayoría, chinos. Y en África negra no paraban de aumentar: ya habían llegado a 240 millones; en América Latina también: eran casi 50 millones.
Eran demasiados y eran, al mismo tiempo, más o menos la misma cantidad que a fines del siglo XX, cuando la población total era menor. O sea que la proporción de malnutridos había disminuido. Era de esas mejoras que los documentos registran más que las personas: para los millones y millones que pasaban hambre, ser uno de cada ocho o uno de cada nueve no significaba una gran diferencia. Y además ese “progreso” se volvía mucho menos alentador cuando se comprobaba que los avances técnicos en la producción de alimentos habrían permitido, a esa altura, que todos comieran lo que necesitaban.
El progreso desigual era, sin duda, las dos cosas: desigual y progreso.
Esas condiciones se sintetizaban bajo una palabra que todos usaban y nadie definía del todo: “desigualdad” era un vocablo pobre, laborioso, construido sobre la negación de un concepto cuya afirmación no solía aparecer: ningún gobierno, ningún organismo internacional postulaban que lo contrario de la desigualdad fuera la igualdad –social, económica–, aunque hablaban de un frankenstein que llamaban “igualdad de oportunidades”. La “igualdad de oportunidades” presentaba el mundo como una competencia deportiva en que todos, supuestamente, partían de la misma línea pero después cada uno hacía lo necesario para “ganarles” a los demás. La igualdad de oportunidades era perfectamente falsa: estaba probando que las condiciones socioeconómicas de cada quien determinaban absolutamente sus posibilidades en la vida. Lo curioso era que, siguiendo ese esquema, la desigualdad no se presentaba como un origen sino una meta.
La desigualdad no tenía una contrapartida clara –pero, aún así, su presencia era tan masiva, tan atronadora.
Había, mientras tanto, novedades más significativas: una muy notoria era que, gracias a la globalización de las comunicaciones, los pobres de las regiones más pobres podían saber cómo vivían los ricos. Durante milenios esa mayoría de campesinos en el fondo de sus bosques o llanuras no llegaba siquiera a imaginar la vida de los otros –ni a ilusionarse con la idea de acercarse a ellos. En esos días, en cambio, cualquier africano mal alimentado podía ver en una televisión o un ordenador móvil personal cómo vivían y comían y disfrutaban los vecinos de un suburbio norteamericano, y preguntarse por qué yo. O, más bien: por qué yo no.
Pocas cosas hicieron más para impulsar la gran ola de migraciones que se dio en esos tiempos –y que fue, en última instancia, la versión internacional de esas grandes olas nacionales de migraciones del campo a las ciudades. La migración era un fenómeno muy notorio: cálculos supusieron que, en 2022, casi 300 millones de personas no vivían en el país donde habían nacido. Eran el triple que medio siglo antes pero, aún así, eso significaba que 7 mil 700 millones de personas sí. A pesar de los pesares, vivir en su país seguía siendo la opción de casi todos.
(Es uno de esos fenómenos que parecen muy extendidos, muy masivos, hasta que se los analiza con cuidado y datos. Era algo muy frecuente en esos años: ciertas cuestiones parecían tener un peso que, bien medido, era mucho menor que el que los comentarios de los medios y la famosa “opinión pública” les atribuía).
Y emigrar todavía era muy complicado, riesgoso. En esos días muchos países ricos aún rechazaban inmigrantes –o les ponían dificultades que equivalían a rechazarlos–: suponían que su propia población les alcanzaba para mantener los niveles demográficos y laborales necesarios para seguir funcionando.
La burocracia –y por lo tanto la “opinión pública”– de la época dividía a los migrantes en dos categorías: estaban, por un lado, los refugiados, los que dejaban sus países porque –supuesta o realmente– los perseguían por razones políticas, raciales, sexuales, religiosas. Y, por otro, los emigrantes económicos, los que dejaban sus países para buscar una vida mejor para ellos y sus familias.
Los refugiados recibían, en principio, un trato mejor que los migrantes económicos: se les suponían ciertos derechos –el derecho de asilo– y algunos países ricos los aceptaban, aunque muchos no. Había, entre ellos, muchas diferencias: en esos días fue demasiado claro que casi toda Europa, que en años anteriores había cerrado sus fronteras a refugiados afganos o sirios, acogía con cariño y entusiasmo a los fugitivos de la invasión rusa a Ucrania: humanos rubios y cristianos que huían de un enemigo que era el enemigo común.
Los refugiados eran, en esos días, menos de uno de cada diez migrantes, unos 27 millones de personas en el mundo. Dos de cada tres venían de solo cinco países: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. Y, curiosamente, uno de cada tres refugiados había sido recibido en solo cuatro países, todos más o menos pobres: Turquía, Colombia, Uganda y Pakistán. Los países más ricos declaraban su preocupación pero no solían hacerse cargo. Los refugiados tenían, dentro del desastre, un módico privilegio: sus supuestos derechos. El resto, los migrantes económicos, no tenían casi ninguno. Se reconocía el derecho a huir de la persecución política o religiosa; no se reconocía el de escapar de la miseria. Era otra prueba de las prioridades de aquellas sociedades.
La desigualdad no tenía una contrapartida clara –pero, aún así, su presencia era tan masiva, tan atronadora.
(Y había una tercera categoría, que nadie consideraba cuando hablaba de migraciones: personas más o menos jóvenes y calificadas de los países ricos que se iban a mejorar su vida a los más pobres. Allí podían ser gerentes de cosas y tener servicio doméstico y clubes exclusivos y unos sueldos y unos coches y una autoridad que no tenían en sus lugares. No se los veía, en síntesis, como inferiores sino superiores, y nadie los llamaba inmigrantes; les decían “expats” –por expatriados. Así, la definición seguía centrándose en el país rico: los que iban a él, los que se iban de él).
Pero, para la mayoría de sus protagonistas, la migración económica ya no era, como lo había sido, el intento de prosperar en sociedades que parecían a medio construir, encontrar sitio en esa construcción, “hacer la América”. En 2020 se suponía que alcanzaba con formar parte de los pobres del país al que uno iba para vivir mucho mejor que en el país de donde uno salía, el que llamaba propio. Como estableció un observador de entonces: el cinco por ciento más pobre de Alemania tenía un ingreso medio per cápita mayor que el cinco por ciento más rico de Costa de Marfil. Y muchos marfileños –entre tantos otros– empezaban a saber que si se iban a Alemania serían más prósperos que si se quedaban en su país.
Por eso la emigración atraía a muchos: para millones, entonces, el futuro no era otro tiempo sino otro lugar. Y era, al mismo tiempo, un lugar difícil: los migrantes sabían que sus vidas en sus nuevas sociedades estarían hechas de trabajo duro, discrminiación, desprecio. Y que, a menudo, el camino sería más duro todavía. Los miles y miles de ñamericanos que peleaban en las fronteras de Centroamérica con México y México con Estados Unidos lo sabían. Los africanos que trataban de navegar desde sus costas a las Canarias o a Sicilia lo sabían –y aún así se perdían en el mar, cada año, tres o cuatro mil personas. Era un desastre constante, asordinado, miles de muertos que no solían aparecer en las noticias.
La India era el país que más migrantes eyectaba –hacia los reinos árabes del Golfo, donde migraban también multitud de bengalíes, pakistaníes, filipinos. También había migraciones puntuales millonarias: los sirios que escaparon de la guerra hacia Turquía, los venezolanos que se escapaban de la miseria hacia el resto de América Latina, los ucranianos que escapaban de la invasión rusa y recibían tanto mejor trato, rubios y cristianos. Y estaba México, por supuesto, con sus 10 o 15 millones de ciudadanos trabajando en Estados Unidos.
(Movimiento que servía, como casi todo, para que algunos ganaran mucho dinero. En aquella frontera bandas criminales contrabandeaban personas: la policía norteamericana calculaba que ganaban unos 12 mil millones de euros al año cruzando inmigrantes ilegales a pie, en camiones cerrados, contenedores, barcos, túneles. Los migrantes pagaban entre 5 mil y 20 mil euros por el “servicio”; algunos llegaban, otros no. A veces los interceptaban y expulsaban; a veces aparecían en algún camino fronterizo, camiones enteros con docenas de personas muertas en sus contenedores).
Se reconocía el derecho a huir de la persecución política o religiosa; no se reconocía el de escapar de la miseria.
En esos días, la migración se volvía más que necesaria para los países ricos porque su población activa decrecía por la baja de la natalidad: sus ciudadanos no querían tener muchos hijos carnales porque eran un engorro, un gasto, una traba para sus carreras y sus vidas. Entonces faltaban trabajadores, sobre todo para las tareas más ingratas –más sucias, cansadoras, peligrosas– que los locales se creían con derecho a no aceptar. En muchos países europeos el paro o desempleo juvenil era muy alto, pero aún así sus jóvenes intentaban evitar los trabajos más duros –que dejaban a los inmigrantes. Era un círculo casi perfecto: los inmigrantes aumentaban la oferta de trabajadores, los patrones lo aprovechaban para pagar menos, los locales no querían cobrar tan poco ni hacer esos trabajos, llegaban más inmigrantes para hacerlos, los patrones lo aprovechaban para pagar menos…
En la mayoría de esos países, entonces, el crecimiento de la población activa era un efecto de la migración –que, al mismo tiempo, en una de esas paradojas habituales, era rechazada por muchos de los locales que se beneficiaban de ella. Los migrantes, a su vez, soportaban estos rechazos, estas humillaciones, porque era el precio que pagaban por vivir vidas más desahogadas que en sus países de origen y, a menudo, para enviar a sus familias en esos países las famosas “remesas”, dinero que les permitía mantenerse en sus lugares.
En muchos países pobres de África, Asia y Ñamérica esas remesas constituían uno de los principales rubros de ingresos y eran, al mismo tiempo, una forma de redistribución internacional silvestre: dinero de los países ricos volvía de ese modo a los más pobres. Pero, aún así, la mayoría de los que migraban lo hacían con sus familias, para construir en sus lugares de llegada una vida mejor: eran, en aquellos tiempos de miedo al futuro, uno de los pocos sectores que apostaban decididamente por un mañana mejor –y estaban dispuestos a hacer, para conseguirlo, todos los sacrificios.
Así, los países ricos, receptores de migrantes, se volvieron variados y diversos –y conflictivos–; los países pobres, en cambio, se mantuvieron en general más uniformes en culturas y “razas”. En las viejas ciudades ricas –Nueva York, Los Ángeles, Londres, Ámsterdam, Sydney, Toronto– entre un tercio y la mitad de sus residentes habían nacido en otro país. Y esa cifra ni siquiera incluía a los hijos o nietos de migrantes.
Por eso la emigración atraía a muchos: para millones, entonces, el futuro no era otro tiempo sino otro lugar.
(Había quienes sostenían que la mejor medida de la prosperidad de un país era la proporción de inmigrantes que lo habitaban. Les respondían que era una medida antigua: que servía para las potencias hegemónicas del siglo XX –Estados Unidos y Europa– pero que el modelo asiático del siglo XXI estaba basado en población local: otro sistema).
Hasta muy poco antes las únicas relaciones que se establecían entre personas de pieles distintas suponía una dominación militar o colonial o esclavista: fuera de esas formas de sometimiento, casi no había habido sociedades multirraciales. A principios del siglo XXI sí que las hubo y fue un cambio radical –que, por supuesto, produjo problemas muy variados, choques culturales, religiosos, ideológicos.
Y una rara ilusión: en los países ricos los pobres locales habían sido reemplazados, a menudo, por pobres extranjeros. Lo cual cambiaba mucho la consideración: los alemanes o franceses o norteamericanos podían suponer que entre ellos no había pobres –porque los pobres eran marroquíes o turcos o mexicanos o senegaleses. Eso podía contribuir al establecimiento de identidades esenciales: la diferencia no era entre gente de la “misma raza” pero distinta posición social sino entre gente de “colores” y culturas diferentes. La “raza” reemplazaba a la clase como criterio de definición.
Martín Caparrós
Periodista; autor de más de 30 libros; columnista en El País; en 2023 recibió el premio Ortega y Gasset por su trayectoria.
* Este texto es parte del libro El mundo entonces. Una historia del presente, y se publica con la autorización de la editorial Penguin Random House México.
