Por: Dora E. Martínez Ramos
Doctora en Visualidad y catedrática en la Universidad de Monterrey
Con la llegada de AMLO al poder y su proyecto para una Cuarta Transformación de la República (con sus ejes fundamentales de democracia, justicia social y combate a la corrupción), se distinguen cambios inminentes que inquietan a quienes están relacionados con los medios masivos de comunicación en México.
Los dos temas que se destacan en este ámbito, y que trataré de manera separada, tienen que ver, por un lado, con los cambios en la estrategia comunicativa y simbólica del nuevo gobierno, el impacto económico que las nuevas políticas tendrán en el futuro de las empresas privadas mediáticas y de telecomunicaciones, y por otro lado, con la manera en que deberán alinearse a esta Cuarta Transformación los medios de comunicación públicos.
Ahí viene el lobo
Como en todas las instancias en donde un gobierno que privilegia los intereses privados de algunas minorías económicas, se ve reemplazado por un gobierno que ofrece o amenaza quitar estos privilegios y transparentar la relación entre el discurso del poder y el discurso del dinero, el temor más grande de las empresas de comunicación privada se articula en torno, por una parte, al anuncio de centralizar la información gubernamental en la presidencia, y por la otra, al esquema de templanza en los tres poderes de la federación, el cual trae aparejado, en principio, un fuerte recorte al gasto publicitario que antiguamente fluía a los bolsillos de las empresas mediáticas privadas. El hecho de que el presupuesto del gobierno dedicado a la publicidad sea este año de cuatro mil 200 millones de pesos nos muestra ya un recorte que representa la mitad de lo gastado el año pasado.
En cuanto al tema de centralizar la información gubernamental, esta propuesta viene a reemplazar el vacío de comunicación presidencial efectiva que se dio en el último periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Este vacío estuvo agravado por la falta de credibilidad del anterior Presidente, su reputación manchada por escándalos de corrupción y su estilo desapegado del sentir de los ciudadanos (particularmente en los últimos meses de su gobierno), lo que al final de cuentas afectó los resultados en los comicios. Desde la elección, AMLO ha desplegado un ritmo rápido de comunicación con los medios y el público, comunicación que se ha formalizado y afianzado con su informe matutino diario. De esta manera se ha logrado posicionar de manera dominante en la agenda política y noticiosa. Aunado a esto, los gestos de abandonar Los Pinos, la venta del avión presidencial, y la intención de eliminar diversos privilegios políticos de larga tradición, se establecen como una estrategia simbólica que representa un corte definitivo con los vicios del poder anterior.
Otro gesto a nivel simbólico en el esquema de comunicación presidencial es la creación de un nuevo mito de gobierno bajo el proyecto de la Cuarta Transformación, en un intento de ubicarse al nivel del mito de la Revolución, y así reemplazarlo (recordemos que el PRI está fundado bajo este símbolo). La importancia y eficacia de que este nuevo mito se levanta como nodo central de la propuesta ideológica de la presidencia, radica en que al hacerlo servirá para dar legitimidad a las decisiones políticas del régimen actual.
Alineado a estas estrategias de comunicación recordemos que, incluso antes de sentarse en la silla presidencial, AMLO hizo públicas decisiones que aun antes de aplicarse, se recibieron como si ya fueran un hecho por los medios, el público y generaron, en palabras de Mario Riorda, “pseudoacontecimientos”, que fueron inmediatamente analizados, debatidos y puestos en el centro de interés de la opinión pública. Ante estas acciones los medios convencionales y de oposición no pueden hacer nada para robarle el spotlight, y desde que fue declarado Presidente electo, lo han mantenido en el centro de atención de las noticias.
En cuanto al esquema de austeridad económica que se propone y que impactaría al gasto publicitario y por ende a los ingresos de los grandes medios masivos privados, para que esta amenaza se haga realidad, se requieren diversas acciones de política pública, que dependen del actuar del gobierno federal y del Congreso (donde Morena es mayoría), pero también del órgano regulador autónomo, el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones). Hasta el momento las consecuencias de este previsto recorte no parece reflejarse aún de manera clara en la relación del gobierno con las grandes corporaciones mediáticas como Televisa, Azteca y Multimedios.
¿Y ahora cómo la armamos?
A finales del mes de enero del presente año, AMLO anunció que implementará un plan de rediseño para coordinar y armonizar las operaciones de los medios públicos, sugiriendo al periodista Jenaro Villamil como titular del Sistema Público de Radiodifusión y Televisión del Estado Mexicano (SPR). Se planteó un énfasis en el derecho a la información, alejado de los intereses comerciales, y en palabras del mandatario, “una orientación editorial que tenga como propósito informar con objetividad, profesionalismo e independencia” y sin ninguna intervención del gobierno. Y aquí está uno de los grandes retos para llevar a cabo este plan: que los medios públicos sean realmente públicos, pero no del gobierno. Deberán entonces tratarse como un tipo de industria cultural, lo cual les abriría la posibilidad de establecer alianzas, y tener acceso a fondos nacionales y extranjeros, para apoyar y crear estructuras de producción y exhibición de contenidos que fomenten y den prioridad en todo momento a los aspectos culturales y educativos. En nuestro país los medios públicos han tenido distintos orígenes y esquemas de desarrollo, lo cual va a representar un panorama complejo a la hora de querer asimilar a todos bajo un solo sistema. Ya se han dado los nombramientos de quienes encabezarán el Canal 22, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio y Televisión Educativa, Notimex, RTC, Canal 14 y Canal 11, y todos los asignados deberán reportar a Villamil, quien ofrece armonizar los diferentes espacios mediáticos, sin buscar imitar a sus pares comerciales, pues destacó que cada uno de los medios públicos tiene “su propia historia, su autonomía, su perfil e identidad. Se buscará una coordinación plena, que respete los derechos de las audiencias y construya un nuevo modelo, que le apuesta a la inteligencia de las audiencias” (Proceso, 23 de enero 2019. Nota de Arturo Rodríguez García). Existe sin embargo la inquietud de si debería considerarse una Ley de Medios Públicos o algún tipo de marco regulatorio que defina cómo funcionen éstos, y les dé fortaleza, tanto los que dependen de los estados como los del gobierno federal. Incluso, hay que contemplar otros medios estatales, no mencionados arriba, como son TV UNAM y el Canal del Congreso. Algunos analistas del tema sugieren seguir o inspirarse en modelos internacionales como la BBC o la televisión alemana, sin embargo éstas son entidades que cuentan con presupuestos que sobrepasan las posibilidades del apoyo económico a los medios públicos de nuestro país. Lo que se va viendo claro es la intención
que estos medios no se atomicen sino que armonicen e integren sus esfuerzos respetando la estructura propia e identidad de cada uno.
CREAR ESTE NUEVO MODELO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA SERÁ OTRO RETO MÁS PARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DEL PAÍS, QUE AL PARECER TIENE MAYOR VOLUNTAD POLÍTICA HACIA ESTE RUMBO QUE LAS ANTERIORES.
Y lo que falta
Ahora bien, aunque estos dos temas son centrales en las transformaciones que se avecinan a corto y mediano plazo en el tratamiento de la comunicación en el encuadre de la Cuarta Transformación, existen otros temas que son igual de importantes aunque aún no se les ha dado el privilegio debido: uno de ellos trata de la vulnerabilidad de algunos medios y reporteros que trabajan en áreas de información delicada, y la necesidad de que el gobierno federal haga funcionales los mecanismos de protección a periodistas. Esta agenda, si bien tiene más de 10 años, no se ha cumplido de manera cabal. Son temas amplios, complejos y con muchas entretelas económicas y políticas, por lo que quienes tengan la labor de abordarlas deberán ser capaces de entender los elementos en juego para lograr verdaderos cambios de fondo.
Otro tema tiene que ver con el apoyo, a los medios alternativos, como las radios indigenistas, y la posibilidad de instalar también televisoras indígenas, como otros medios comunitarios que incluso puedan incluir publicidad comercial, establecer una mayor facilidad de acceso a las frecuencias y promover nuevas emisoras indígenas donde no existan aún.
Finalmente, hay una agenda a la que desde mi punto de vista, no se ha dado la importancia que requiere y es fundamental si queremos crear una transformación
(no solo de la estructura de comunicación mediática pública y privada, sino de todo el quehacer político). Esta agenda debería ser apoyada, fomentada y desarrollada desde la base ciudadana: me refiero a la inclusión de una educación para la recepción mediática a nivel de toda la educación básica y media. Mientras no exista un ciudadano alfabetizado en medios, las acciones “proteccionistas” (que a veces pueden girar hacia el lado de la censura) se quedarán en una aproximación paternalista y tal vez poco efectiva, ya que las audiencias de los medios seguirán impulsando la producción de contenidos y formatos mediáticos que la mayoría del tiempo las mantienen en una situación de desventaja cultural y económica. Es decir, con una ciudadanía que sea capaz de ser receptora crítica de los medios, no habría casi necesidad de leyes ni defensorías de audiencias, pues estas no consumirían los productos mediáticos que pudieran tener un impacto negativo en ellas, o bien serían capaces de contrarrestar dicho impacto y además, idealmente, ejercerían su rol de prosumidores con una mayor responsabilidad social. Si, como sugiere Villamil hay que “apostar a la inteligencia de las audiencias”, se deben establecer los medios de educación y formación de esta “inteligencia” como receptores críticos e informados, y más en un ambiente mediático cada vez más omnipresente. Esta
debería ser sin duda una prioridad en el esquema de una verdadera transformación cívica y política.
