Por: Philippe Stoesslé
El gran intelectual Alain Touraine, fallecido el 9 de junio pasado, no solamente fue uno de los fundadores de la sociología francesa, sino que dedicó su vida y obra a defender los derechos humanos como ideal universalista contra todas las dinámicas de poderes e intereses particulares. Su pensamiento cobra singular relevancia en la perspectiva de una de las tendencias más irreversibles del siglo XXI: la movilidad humana. Dado que considera que las personas migrantes no deberían ser vistas únicamente como víctimas de los problemas del planeta, sino como sujetos de derechos; y además, que el reconocimiento de su dignidad es parte de los principios éticos y culturales en los que se basan nuestras sociedades.
Si los movimientos globales de población nunca fueron tan importantes como hoy, nos encontramos apenas en las premisas de una mega-tendencia de amplitud todavía desconocida –basta con imaginar lo que está por suceder debido a cuestiones ambientales–, y el modo de recepción de dichas poblaciones, los criterios de aceptación y las formas de integración son solo algunas preguntas centrales para nuestras sociedades y sus valores fundamentales.
Actualmente México funge como paradigma del régimen internacional de “gobernanza” del complejísimo fenómeno llamado “movilidad humana”, en el que las personas ejercen su derecho a la libre circulación, a menudo como resultado de una imposibilidad de gozar del derecho a vivir de manera digna y segura en su territorio de origen.
La circulación de las personas a través de fronteras internacionales despliega numerosas interrogantes éticas para las democracias liberales que reciben –a falta de acoger– a las personas exiliadas. En este sentido, el debate surgido en México acerca de la recepción de las personas extranjeras hace eco a lo sucedido en América Latina, pero también en Australia, Estados Unidos, Europa y Canadá.
¿Cómo articular soberanía y libre circulación?, ¿qué debe proveer un Estado a alguien que no es miembro de su comunidad política nacional?, ¿qué grado de coerción puede ejercer sobre estas personas?, ¿cómo pasar de una obligación moral de hospitalidad a un derecho a la acogida? Una reflexión desde la gubernamentalidad de Michel Foucault, otro de los intelectuales más originales del siglo XX, nos permitirá subrayar algunas paradojas y juegos de poder imbricados en el paradigma hegemónico actual de la “gobernanza internacional de las migraciones”, promovido por la ONU y sus agencias.
Por gubernamentalidad, Foucault se refiere a: un conjunto práctico de estrategias discursivas, que implementa el gobierno para ejercer su poder, a través de un conjunto de saberes especializados[1]. Aplicado a las políticas migratorias contemporáneas, la gubernamentalidad se encuentra en la preeminencia del poder soberano sobre otras formas de poder. En la práctica, se ejerce como una dominación sobre las poblaciones. Dichas estrategias promueven en la población mayoritaria un sentido de justicia, que permite consolidar la supremacía del poder soberano como una entidad que organiza de manera racional y razonable la interacción entre los grupos sociales.
Hoy en día, la gubernamentalidad neoliberal se entiende como la forma en la que se ejerce el biopoder, el cual tiene como fin “administrar” la vida (la migración como un proceso particular de la vida en general); es decir, hacer vivir o dejar morir a las personas en situación de movilidad, como lo vemos una y otra vez en las noticias de los últimos años. La más reciente es la muerte de 40 personas bajo la custodia del Estado en Ciudad Juárez. Esta tragedia es todo salvo una fortuita casualidad: es el resultado del ejercicio de un sinfín de técnicas para dirigir el comportamiento humano a partir de múltiples dispositivos para el control, selección, filtración, contención y exclusión de las poblaciones migrantes, haciendo uso constante y marcado de violencias.
Las personas migrantes no deberían ser vistas únicamente como víctimas de los problemas del planeta, sino como sujetos de derechos.
¿Cómo funciona la actual gobernanza internacional de las migraciones (GIM) y de qué manera se relaciona con la gubernamentalidad foucaultiana? La GIM establece un marco tecnocrático y una racionalidad política representativos de la gubernamentalidad neoliberal. Este enfoque fue adoptado paulatinamente por la ONU y sus agencias a partir de los cambios geopolíticos en la década de los 90 para “justificar sus crecientes intervenciones en el campo de la migración”[2]; cuando la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, o la firma de grandes acuerdos regionales como el Tlcan y el Tratado de Maastricht, fundador de la Unión Europea, entre otros, provocaron un aumento de la movilidad humana.
En esta época fue cuando la movilidad humana, tan natural durante siglos, se constituyó gradualmente como un problema. Miller y Rose describen esta problematización como una lenta construcción social, que apareció simultáneamente en distintos espacios e involucró a agentes similares[3]. Posteriormente, los “expertos” (líderes políticos, económicos, académicos e informativos) apuntalaron una definición consensuada del “problema” así creado, con el fin de acordar un régimen de soluciones técnicas para “corregirlo” (la GIM, también llamada “management” o “gestión” de las migraciones).
Hoy en día, la gubernamentalidad neoliberal se entiende como la forma en la que se ejerce el biopoder, el cual tiene como fin “administrar” la vida.
Al suceder los atentados del 11-S se consolidó este paradigma como el único aceptable y las voces críticas se fueron replegando en espacios académicos y sociales reducidos. Dicho de otra forma, la difusión de una narrativa hegemónica sobre la movilidad humana permitió legitimar la acción de los estados y sus socios internacionales, dejando totalmente fuera de vista de la opinión pública los intereses alejados del bien común que la GIM protege objetivamente.
Para las personas en situación de movilidad, el efecto fue inmediato. Con el fin de desmotivar y contener los flujos de los países del sur hacia el norte, los estados y las organizaciones internacionales implementaron una serie de tecnologías (que Foucault llamaría “dispositivos biopolíticos”) y de narrativas para difundir el discurso de la GIM y fomentar su aceptación global (con gran éxito, si consideramos que incluso las organizaciones de la sociedad civil suelen reproducirlo, a menudo de manera involuntaria e inconsciente).
Ahí reside el meollo del verdadero problema: la realidad es terca y las acciones observables desde hace tres décadas de “gestión” de la movilidad humana demuestran una fuerte divergencia entre, por un lado, el discurso universalista de protección y promoción de los derechos humanos, y por otro lado la desechabilidad cada vez mayor de los seres humanos que cruzan una frontera internacional. ¿O qué significa, por tomar solo un ejemplo, la muerte –normalizada – de más de 25 mil personas en el Mar Mediterráneo, siete por día durante el año 2022?
En la frontera sur de Estados Unidos, los efectivos de la Border Patrol pasaron de 3555 agentes en 1992 a 17535 en 2010 (cuando Trump era solo un excéntrico billonario de televisión) y aumentaron los castigos (con penas de cárcel) para los reincidentes. Durante la presidencia de Clinton (1993-2001) se deportaron casi 870 mil personas, más de 2 millones en la presidencia de Bush (2001-2009), y 3 millones –récord histórico– en la administración del presidente Obama (2009-2017), ganador del premio Nobel de la Paz.
Sin duda, la frontera se volvió un lugar hostil, y la securitización de la migración, acompañada de la externalización de los dispositivos de control a la frontera sur de México[4], representó la oportunidad de emprender un negociazo para el crimen organizado; volviéndose un aliado de facto de la gubernamentalidad que busca contener los flujos migratorios.
En este contexto, las agencias de la ONU se encuentran entre la espada y la pared, pues dependen de la cooperación (¡y del financiamiento!) de los estados. Lógicamente, sus críticas, cuando existen, son muy tímidas, a menudo meramente discursivas, y se quedan mudas frente a las políticas más mortíferas. Se conforman con promover un “humanitarismo” basado en emociones y una “política de la compasión”[5] que minimiza la responsabilidad de los estados en la muerte de personas migrantes y contribuye a legitimar las relaciones de poder desiguales que las originan.
Las organizaciones internacionales demuestran entonces una sorprendente capacidad para describir una lenta masacre, pero siempre matizando sus explicaciones profundas. Podrán referirse a “formas de control” o “aumento del control de la migración”, pero sin rebasar explicaciones secundarias como las “dificultades del viaje” o los “accidentes vehiculares, principalmente relacionados con los trenes de mercancía frecuentemente usados como medios de transporte”[6]. Dichos acontecimientos son pintados como meros obstáculos contextuales, sin cuestionar por qué las personas recurren a estrategias tan precarias y expuestas a la violencia de los cárteles.
Asimismo, el conteo de muertos del Missing Migrants Project de la ONU hace referencia a “uno de los fracasos políticos más estrepitosos de los tiempos actuales” y aboga a favor de “rutas para la migración que sean seguras, humanas y legales” y de “mejores políticas que terminen con las muertes de los migrantes”[7]. Dicho proyecto adopta una postura ambigua: tiene el mérito de visibilizar las tragedias, pero contribuye indirectamente a perennizar el sistema que las ocasiona, al presentarlas de manera despolitizada, sin identificar claramente los actores estatales que la provocan[8].
Al contrario, la substancia del proyecto se limita a la generación de datos por medio de variables “técnicas” (fecha del reporte, lugar, sexo, edad, ruta migratoria) con un enfoque ampliamente descriptivo. Si bien se registran también las causas de la muerte, se entienden como “las circunstancias inmediatas del suceso que produjo la lesión mortal” y carecen de perspectiva crítica. De hecho, no se contabilizan las muertes ocurridas en lugares de detención, posteriores a una deportación, ligadas a la explotación laboral u ocurridas en campos de refugiados. Tampoco aparece mención alguna de las lógicas propias a las oligarquías políticas y económicas que originan dichas muertes.
Los derechos humanos deben estar por encima de todas las leyes y de cualquier autoridad.
La realidad es que la “gobernanza / gestión / management” de las migraciones no responde a la narrativa plagada de eufemismos que las autoridades quieren imponernos –generosamente amplificada por los medios– de los “rescates” y la “salvaguardia de la vida de las personas migrantes”, sino todo lo contrario. Refleja evidentes relaciones de poder asimétricas y protege los intereses de quienes la impulsan, principalmente los intereses de seguridad nacional, de las economías y del mercado laboral transnacional, muy por encima de los derechos humanos de las personas. Y como bien lo resaltaba Touraine, los derechos humanos deben estar por encima de todas las leyes y de cualquier autoridad.
De esta manera, se ocultan las responsabilidades sociopolíticas de los estados del norte global, que provocaron las salidas masivas de personas provenientes de territorios que padecen las consecuencias contemporáneas (violencia, corrupción, extractivismo, miseria) de procesos históricos que los involucran (como lo refleja la “cooperación internacional” que mantiene todavía vínculos de sumisión y dependencia poscolonial).
Entender el actual régimen internacional de gobernanza de la movilidad humana implica entonces reinyectar una dosis de historia y de política para resaltar la jerarquía de los intereses de los actores involucrados. Solo así se pueden identificar sus principales expresiones, a pesar de que éstas se normalizaron para la mayoría de sus protagonistas, e incluso se interiorizaron por los sujetos migrantes. En efecto, los riesgos para su seguridad física, los larguísimos trámites para obtener la protección internacional –casi imposibles de resolver sin apoyo jurídico experto –y el uso de la fuerza para restablecer el “orden público” (definido por... el Estado), son comúnmente aceptados como “naturalmente consubstanciales” al proceso migratorio.
Finalmente, vale la pena subrayar la ineficacia de la GIM tal como se ha aplicado desde los años 1990. ¿Cuántos miles de millones de dólares se han invertido y para qué resultados? Después de más de 30 años de explosión del número de muertes, secuestros y desapariciones, las artificialmente construidas “crisis migratorias” resultan más agudas que nunca. ¿Qué se pudo haber hecho con estos recursos? ¿En qué pudimos invertirlos para acatar las causas de raíz?
Pensar en estos enfoques alternativos implica revisar la “racionalidad política” de la centralidad de los estados y de sus políticas de escritorio acartonadas y orientadas top-down, para incluir a las comunidades migrantes, promover un cambio de narrativas y construir respuestas colectivas desde abajo, con tal de promover una verdadera protección efectiva a sus derechos. El reto es mayúsculo para nuestras sociedades si pretenden seguir ostentando los valores democráticos que en algún momento las caracterizaron.
Philippe Stoesslé
Profesor-Investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey; miembro asociado del laboratorio “Unité de Recherche Migrations et Société” de la Université Paris Cité; fellow del French Collaborative Institute on Migration.
REFERENCIAS Y NOTAS
1 Foucault, M. (1979). Naissance de la biopolitique [conferencia]. Collège de France, París.
2 Geiger, M., & Pécoud, A. (2010). The Politics of International Migration Management. Migration, Minorites and Citizenship. Palgrave Macmillan.
3 Miller, P., & Rose, N. (2008). Governing the Present. Massachusetts. Polity Press.
4 Otros programas emblemáticos de dicha externalización, con consecuencias similares, son Frontex en Europa, o la Pacific Solution y la Operation Sovereign Borders en Australia.
5 Fassin, D. (2010). La raison humanitaire. Une histoire morale du temps présent. Gallimard.
6 International Organization for Migration. (2021). Deaths And Disappearances On Migration Journeys In North And Central America. OIM
7 International Organization for Migration. (2023). El Proyecto. https://missingmigrants.iom.int/es/el-proyecto
8 Paradójicamente, las mismas agencias suelen librarse bastante bien de toda crítica por parte de la sociedad civil (a la que a su vez financian), cuando éstas denuncian abiertamente las políticas migratorias de los estados.
