Adriana Melissa Ávila Loera
Licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey (UDEM); maestra en Estudios Latinoamericanos con enfoque en Sociología Urbana por la Universidad de Texas; doctoranda en Arquitectura y Asuntos Urbanos por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
Fotografía: Museo Horno 3
Los debates sobre el espacio público —su definición, usos, significados y relación con los procesos sociopolíticos— son imprescindibles; implican examinar los modelos de ciudad donde queremos vivir y, por ende, sobre el derecho a la ciudad, quién merece disfrutar y tener acceso a lo que ella ofrece.
El espacio público asume dominio público, uso social colectivo y multifuncionalidad; se caracteriza físicamente por su accesibilidad, por lo que es un factor de centralidad. Es delimitado y categorizado desde el aspecto legal, político, ambiental y cultural, y puede estar supeditado a distintas normas y representar usos diferentes y/o específicos. Desde lo jurídico, Olga Segovia y Ricardo Jordán lo definen como “un espacio sometido a una regulación específica por parte de la administración pública, propietaria o que posee la facultad de dominio del suelo, que garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su utilización y de instalación de actividades.”
Los espacios públicos también se entienden como una plataforma para la formación de la identidad colectiva de una sociedad. Bellet Sanfeliu, por su parte, describe los espacios públicos como territorios de múltiples dimensiones que pueden ser libres, abiertos, de transición para el colectivo común y compartido, donde diferentes tipos de relaciones se pueden crear y que sirven para la presentación y representación de identidades, cualidades de los sujetos, democracia, protesta y festividades.
Patricia Ramírez Kuri repiensa el significado de lo público como proceso que une y separa a quien media su construcción; también como espacio de relación donde la diversidad y la diferencia obtienen sentido pleno cuando emergen articuladas a la búsqueda de lo común como componente cohesionador. Los espacios públicos han sido históricamente entendidos como lugares de encuentro, referentes activos en la vida social, política y cultural.
Las transformaciones incentivadas por la modernización que han impulsado los procesos globalizadores neoliberales y sus efectos en el orden social y urbano han estimulado el redimensionamiento de la ciudad a través de cambios en los espacios públicos y privados, así como en las formas de vida y de interacción social que les dan sentido.
En este nuevo paradigma se montan los enfoques actuales sobre espacio público y en los cuales se pueden identificar ciertos procesos: la constante exploración de espacios urbanos por parte del capital privado, y la acelerada depreciación y transformación de formas y funciones de los espacios comunes de la sociedad; íntimamente relacionados con la lógica neoliberal.
Si el espacio está socialmente construido y vivimos en una sociedad estructurada en torno a sistemas de dominación de género, etnicidad, clase, edad y orientación sexual, todas estas relaciones de desigualdad también aparecen en ese producto social que es el espacio público.
En las últimas décadas, teóricos urbanos como Julio Alguacil, David Harvey, Mark Purcell, han apuntado las luchas de los diferentes grupos sociales por la apropiación, resignificación, utilización y goce del espacio público, así como su dimensión de exclusión.
Las decisiones de diferentes instancias gubernamentales que priorizan al sector privado frente a lo público y a la sociedad civil, han generado que nos enfrentemos con la mercantilización y especulación de lo urbano. Fernando Díaz Orueta y María Luisa Lourés Seoane lo llamarían un proceso propio de las ciudades-mercancía que se construyen a través del empresarialismo urbano.
La reordenación política y espacial de la ciudad implica la implementación de mecanismos que causan una exclusión cada vez más profunda, a partir de las diversas geografías del neoliberalismo urbano.
MONTERREY NEOLIBERAL
Monterrey y su área metropolitana concentran la actividad económica y la oferta de empleo de Nuevo León, lo que, en el contexto actual, incentiva la expansión de la ciudad, así como la construcción de infraestructura y equipamiento enfocados a la actividad comercial y de servicios, y ya no solamente industrial, como históricamente se había posicionado. La implementación del modelo económico neoliberal ha tenido en Monterrey un impacto territorial y urbano, ya que desde finales de los años 80 los sucesivos gobiernos estatales han emprendido un conjunto de megaproyectos urbanos para renovar el centro urbano y ampliar la infraestructura metropolitana.
El proyecto que marcó el inicio de la transformación del centro de Monterrey fue la Macroplaza en la década de los 80. Constituyó una de las más grandes operaciones de renovación de un centro urbano y creación de espacios públicos en México. A partir de entonces, la ciudad se ha transformado mediante la realización de intervenciones urbanas, algunas de ellas de gran magnitud. En el periodo de gobierno 2003-2009 se promovió un esquema de gestión caracterizado por la participación del sector privado en la ejecución de algunas de estas grandes obras urbanísticas: los llamados proyectos público-privados, que en la administración estatal 2009-2015 quedaron encuadrados en el marco legal mediante la Ley de Asociaciones Público-Privadas aprobada y publicada en julio de 2010.
Los esquemas financieros más tradicionales de este tipo de gestión comprenden la concesión, el impuesto de mejoría específica —que pagan los propietarios de bienes inmuebles beneficiados por la construcción o mejora de vialidades colindantes— y las asociaciones público-privadas que involucran la organización de la inversión gubernamental con la de particulares, con el fin de hacer obras de infraestructura o prestar servicios a largo plazo.
En el periodo 2003-2009, el gobierno estatal, encabezado por el entonces gobernador Natividad González Parás, divulgó una serie de grandes proyectos urbanos que calificó como estratégicos y algunos de carácter exclusivamente público, como la ampliación de la Línea 2 del metro, la integración urbanística Parque Fundidora-Santa Lucía, íntimamente relacionado al proyecto de Ciudad del Conocimiento, con el cual se pretendía posicionar al Monterrey post-industrial como ciudad orientada a la innovación y creación.
Precisamente, la administración de González Parás perfiló al Parque Fundidora como uno de los espacios públicos centrales de la ciudad en el que se llevaría a cabo el proyecto de Ciudad del Conocimiento que la administración pretendía desplegar. Esta imagen se consolidó con el proyecto de Forum de las Culturas, que duró 80 días entre septiembre y diciembre de 2007.
La capital regiomontana convocó en el antiguo parque industrial de Fundidora a ciudadanos del mundo para continuar con los debates sobre la diversidad cultural, el desarrollo sostenible y las condiciones para la paz, desde la perspectiva de la sociedad del conocimiento, y en especial la alianza entre los ciudadanos, la ciencia (comunidad universitaria) y las empresas.
PARQUE FUNDIDORA
El Parque Fundidora es un museo de patrimonio industrial y parque público al este de Monterrey. Originalmente se desarrolló como el sitio de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey que data de 1900. Era conocida como "La Maestranza" ya que fue el sitio de entrenamiento para las primeras generaciones de herreros y técnicos en Monterrey. El antiguo centro industrial ahora sirve como un proyecto recreativo y educativo para la ciudad, sus habitantes, visitantes y turistas.
El parque contiene varias estructuras de la antigua fundición, incluido el alto horno 1968 conocido como Horno Alto Nº 3, uno de los equipos más importantes en la historia de la fundición. La Fundidora y sus actividades industriales acabaron en 1986.
El Parque Fundidora fue declarado Sitio de Museo Arqueológico Industrial por el gobierno estatal de Fernando Canales en 2001. La estructura que alberga Horno Alto Nº 3 se convirtió en un centro de ciencia y tecnología administrado por una organización sin fines de lucro conocida como Horno3.
Además, actualmente el Parque Fundidora alberga el parque de diversiones Plaza Sésamo (Aquamundo), Auditorio CitiBanamex (antes Auditorio Coca-Cola) Escuela Adolfo Prieto, Parque Acero de béisbol, Casa de los Loros (Loroaventura), Conarte (Fototeca, Cineteca, Conarte Niños) Papalote Museo del Niño; y cuenta con 144 hectáreas y cerca del 50% son áreas verdes.
De acuerdo con la información oficial del Parque Fundidora este se define como “un parque urbano incluyente y multifuncional, que contribuye a reforzar el tejido social ofreciendo un espacio verde, seguro, y de acceso 100% gratuito”.
Establecen los siguientes ejes vocacionales como base del parque: Esparcimiento, Cultural, Entretenimiento, Negocios, Deportivo, Ecología. Tienen como objetivo “mejorar el entorno y la calidad de vida de los neoleoneses, turistas nacionales e internacionales; trabajando en equipo a través de bienes, servicios y acciones apegadas al marco legal, para lograr un constante desarrollo y mejora continua que contribuya a la sustentabilidad del medio ambiente”.
FUNDIDORA, ¿ESPACIO PÚBLICO?
Si bien los eventos masivos no son nuevos en Fundidora y se han llevado a cabo casi desde su apertura en el 2001, su gestión público-privada se afianzó en el 2016.
Eventos musicales masivos como el Coca Zero Fest en el 2008; la primera edición del Pal Norte en el 2013; Monterrey City Festival en el 2014; Oktoberfest a partir del 2017, entre muchos otros, se han realizado en el parque.
Una consecuencia del modelo urbano neoliberal que se refleja en el espacio público es su manejo como mercancía, moldeados por políticas que favorecen al capital de iniciativa privada que tiende a planear y ejecutar eventos y servicios sólo para aquellos que lo pueden pagar.
En el caso del Parque Fundidora, si bien en su descripción establecen que tienen como misión reforzar el tejido social al ser un proyecto urbano incluyente y de acceso 100 % gratuito, en la práctica no se ejerce.
La concesión de los espacios disponibles para renta la manejó de 2017 hasta mediados del año en curso, Cintermex. Los espacios conocidos como Nave Lewis, Nave Mitsubishi y Nave Sopladores están disponibles para despedidas, posadas, eventos empresariales, festivales de música y convenciones.
En la conferencia de prensa donde se confirmó la concesión de los espacios a Cintermex, el exdirector del parque, Fernando Villarreal Palomo, comentó: “La administración del Parque lo que trata de hacer es balancear sus siete ejes vocacionales, esperemos ni tener puros eventos masivos, ni tampoco puros eventos deportivos, ni tampoco puros eventos artísticos, ni culturales, hay que ir manejándonos de acuerdo a las preferencias, la sociedad quiere de todos este tipo de eventos”.
El fomentar la gestión público-privada del parque limita lo que se entiende como “sociedad” a aquellos grupos de personas que tienen el poder adquisitivo de consumir eventos deportivos, artísticos, de entretenimiento y culturales.
En relación a esto, el Parque Fundidora se une a la tendencia global de brand-name espacios considerados públicos. Es decir, el Parque Fundidora es un parque para el pueblo que a su vez alberga espacios privados (como el Auditorio CitiBanamex y la Pista de Hielo Fundidora, antes Pista de Hielo Mabe) pero que nos hacen preguntarnos si es que, a través de la privatización de las identidades espaciales de lugares públicos, políticas urbanas neoliberales también moldean lo que significan las ciudades.
“Pero el espacio público es también el ámbito del intercambio, la socialización, la cooperación, la colaboración, es el ámbito de la memoria colectiva, lo que construimos entre todos, con nuestra experiencias, nuestras luchas, nuestros conflictos, nuestros deseos, nuestras alianzas y colaboraciones. Por eso, los ciudadanos y ciudadanas protestan, resisten y luchan por apropiárselo y visibilizarse en ellos, a veces de forma que consideramos al margen de la actividad política y otras creando nuevos espacios de resistencia”.
En diversas ocasiones, activistas y colectivos ciudadanos regiomontanos han recalcado el tipo de estragos ambientales que dejan los megaeventos de entretenimiento realizados en el Parque Fundidora.
Después del Oktoberfest de 2017, el ecologista Guillermo Martínez Berlanga, director de la organización de la sociedad civil Comité Ecológico Pro Bienestar, dejó en evidencia los estragos del festival en Monterrey:
“545 stands para venta de productos y 16 tiendas de cerveza, con la asistencia de más de 170 mil personas han dejado devastadas 34 hectáreas, con importantes daños al césped y toneladas de basura. El efecto de la compactación en el suelo por meter de 170 mil a 200 mil personas cada dos o tres fines de semana está desestabilizando el parque y se va acabar el microsistema subterráneo que permita que este pulmón verde viva”.
La organización ciudadana Pueblo Bicicletero, ante la reanudación de eventos masivos en el Parque Fundidora después de parar por la pandemia de COVID-19, lanzó un comunicado en mayo del 2021 argumentando que los conciertos y eventos que se llevan a cabo en Parque Fundidora violan los derechos humanos a la movilidad y a un medio ambiente sano.
Pueblo Bicicletero resaltó que el parque, al ser administrado por un organismo público descentralizado, mantiene prácticas contrarias a la sustentabilidad.
El uso de los árboles para sostener estructuras como escenarios y toldos, la mutilación de áreas verdes y la inseguridad creada por vehículos motorizados a las vías peatonales son algunos de los estragos que dejan los eventos que no siguen los lineamientos establecidos en el Reglamento de Protección Ambiental de Monterrey.
Otros ciudadanos han exigido la no privatización del parque y recordar el origen y significado histórico del lugar: bastión principal de la industria siderúrgica en México y las personas que trabajaron en ella. Ex trabajadores de Fundidora llevan años reclamando el compromiso estatal de hacer un museo para la memoria del movimiento obrero regiomontano.
Yasodari Sánchez insiste en que "hay que recordar que gracias a Fundidora nace la clase obrera aquí en Monterrey, y recordar que en ese momento había conciencia de la lucha obrera en Monterrey, con el cierre de alguna manera se comienza a desguinzar esta politización del trabajador.
“Para la mayor parte es decepcionante (la privatización) porque en principio se pretendía que esto fuera un museo de patrimonio para los hijos y nietos de los trabajadores y al final se convierte en una plataforma que tiene que ver con lo turístico, con un acceso privatizado y no como espacio público".
Para terminar, habría que intentar responder la pregunta que se hace al inicio del artículo: ¿se puede afirmar que el Parque Fundidora es realmente público? El espacio público se puede entender como un espacio en constante creación, que las dinámicas de dominación y poder ejercidas involucran a diversos actores, entre los cuales se incluyen grupos de personas que resisten y luchan en contra de los esfuerzos por mercantilizarlo. Es decir, voces que claman por la democratización del espacio público.
En el caso del Parque Fundidora, diversas voces han estado en constante lucha para reclamar su espacio dentro del parque y para velar por el bienestar ecológico de Fundidora. No todo está dicho y el Parque Fundidora, como espacio público inmerso en dinámicas neoliberales, no está totalmente definido.
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