Por: Jacobo Molina
Han transcurrido 10 años desde la fatídica noche de Iguala. Dudas y nuevas teorías sobre el caso –elaboradas por periodistas, padres de los 43 normalistas y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)– se contrapusieron a la “verdad histórica”, presentada en el año 2014 por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR), Jesús Murillo Karam.
Al día de hoy los avances en materia de justicia son mínimos. Son pocos los funcionarios que han enfrentado la justicia como consecuencia del crimen. La mayoría de ellos pertenece a autoridades locales. La alta burocracia federal apenas sufrió, cuando mucho, un temporal escarnio público. Jesús Murillo Karam, único personaje arrestado por el caso de los normalistas que pertenecía a esa cúpula del gobierno, no ha aportado información valiosa. A lo largo de 10 años, la mayoría de los cuerpos ni siquiera han sido localizados. Las interrogantes continúan: ¿por qué desaparecieron a 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa?, ¿qué papel jugó, con exactitud, el Ejército mexicano en este acontecimieno?, ¿quiénes son los funcionarios responsables?
1. ¿Por qué, tras 10 años del suceso, aún no hay claridad sobre los hechos acontecidos?
PMF: Las razones inmediatas guardan relación con los poderes fácticos, cuya dimensión en México es difícil de imaginar. Atraviesan diversos territorios y poderes –político, económico–; dejan chico el término “narcotráfico”. Ayotzinapa evidenció la mezcla entre policías y cárteles, el papel que los gobernantes juegan y qué tan arriba está la cadena de mando. La información conocida viene de los sobrevivientes, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); también se aportó algo desde el periodismo. El crimen exhibió un narcoestado que impidió conocer hasta dónde llegaba la cadena de mando. Por cuatro años, las autoridades construyeron una falsa narrativa: imputaron crímenes a gente detenida por medio de procesos irregulares y obtuvieron información mediante torturas.
TP: Tras lo ocurrido en 2014, el gobierno de Peña Nieto luchó contra el esclarecimiento del caso. Se insinuó que los estudiantes formaban parte de actividades ilícitas. Luego manejaron el crimen como un asunto local. El poco avance se debió a las movilizaciones en México y otros países. La presión orilló a aquel gobierno federal a permitir la entrada del GIEI y después trataron de desprestigiarlo. Las expectativas subieron por la campaña de AMLO, que mostró compromiso hacia el caso. Al inicio de su sexenio, trajo otra vez al GIEI. Se veían avances; se detuvo a Murillo Karam, constructor de la llamada “verdad histórica”. Sin embargo, el GIEI informó el año pasado que ya no seguirían, pues no recibían la información requerida, o bien se les mentía.
HED: Los gobiernos en turno han tratado de capitalizar la especulación en torno al caso. Con Peña Nieto, la falta de profesionalismo envició el proceso desde la primeras indagatorias, antes de que interviniera la PGR. El afán por entregar resultados llevó a faltas en el procedimiento; su resultado: una “verdad histórica” sin veracidad. Posteriormente, el sector más numeroso y radical del grupo de padres se empeñó en la presentación “Vivos o muertos” de los estudiantes, desestimando la versión de la PGR, lo que trajo la intervención de especialistas. Ellos partieron de cero y sus hipótesis se desecharon, como señala Esteban Illades en La noche más triste. Se sumaron los intereses de grupos criminales, desvirtuando las acusaciones contra los responsables directos y confesos. Por último, están quienes hablan de un crimen de Estado; irónicamente, su teoría benefició a los criminales. Y todo empeoró este sexenio: eliminó toda indagatoria previa, echó por tierra los avances y, de paso, inició una persecución política y penal en contra de quienes investigaron antes. El afán protagónico del presidente llevó a un replanteo completo. Prometió la presentación de los estudiantes, lo que multiplicó las especulaciones y manipuló la esperanza de sus padres. Luego de otro proceso viciado, criminales confesos salieron libres, bajo el argumento de que su confesión se obtuvo con tortura; algunos acabaron como testigos protegidos –estipendio de por medio– y colaboraron en las indagatorias. Por otra parte, la nueva comisión fincó responsabilidades en contra de un grupo de militares, propiciando enfado en el ejército y burlas en la sociedad: las acusaciones del entonces subprocurador, Alejandro Encinas, eran insostenibles. El montaje se enredó para López Obrador, que rompió el diálogo con los padres tras desacreditarlos.
2. ¿Cuál es el origen de la rebeldía presente en varios sectores de maestros de Guerrero?
PMF: Las normales rurales son una de las pocas consecuencias concretas que sobreviven de la Revolución mexicana, que defendía la educación accesible y gratuita para el campesinado. Ayotzinapa concientiza a sus estudiantes de que son sujetos de derechos. Desde su origen, las normales rurales se alinearon a ideas socialistas. Tienen su propio comité dentro de las escuelas y otro que amplía todas las normales: la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, donde piensan, leen, discuten y debaten. Esta formación disgusta a algunos sectores porque los estudiantes luchan, entre otras cosas, por mantener o aumentar su presupuesto. Desde el primer año deben impartir clases en comunidades, pero no hay autobús. Las normales rurales son un eslabón en las comunidades a las que llegan. Su rebeldía va más allá de las imágenes de los medios, donde aparecen encapuchados; se manifiesta, asimismo, al estudiar una carrera, terminarla, impartir clases y llevar las ideas en las que creen a comunidades donde otros no van, porque implica dormir en el suelo o en la casa de una familia.
TP: No me parecen tan distintos a los maestros rebeldes de Oaxaca, Chiapas o Chihuahua. En Guerrero, como en otros estados, una de las causas es la pobreza. En lo particular, Guerrero tiene una historia de varias luchas, incluyendo las de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, maestros rurales que se volvieron guerrilleros. Ese hecho dio la fama a Guerrero de contar con los maestros más rebeldes, pero en realidad no hay gran diferencia. Recurrir a esos dos personajes es más bien una forma de ignorar la realidad de Guerrero, permeada por la pobreza y la historia de una población que lucha por justicia desde la Independencia.
HED: Proviene del perfil de los maestros normalistas, de Guerrero y del resto del país: son de familia campesina. Un sector históricamente vulnerable, sujeto a infinidad de injusticias, expoliado y manipulado por intereses políticos, electorales, económicos e incluso criminales. Lo han vivido por generaciones. No extraña su rebeldía, presente en acciones que van desde organizarse y protestar legalmente, o –si se agota esa vía– recurrir a medios no legales, como toma de tierras, bloqueo de carreteras y oficinas gubernamentales, formación de grupos de autodefensa y hasta participar en movimientos armados.
3. ¿Por qué las escuelas normalistas en Guerrero han sido vistas como “enemigas” del gobierno?
PMF: Viene del cambio del indígena sumiso –el que no estorba, se deja empujar y sale en la foto– por chavos que dicen “No, conmigo no”. Eso molesta mucho, genera rechazo porque rompe la cadena de sumisión. Se construyó hace décadas. En 1940, concluyó el sexenio de Lázaro Cárdenas, dando paso a un revés de su política de justicia social. Durante la Guerra Fría se justificó la represión contra diversos grupos, a los cuales llamaban “comunistas” o “subversivos”. La percepción general fue creada y difundida por medios masivos; valdría la pena preguntarse quiénes son sus dueños. Con la llegada del neoliberalismo se ha descalificado a los sectores que luchan en su contra, sin profundizar en los problemas sociales. Luego de varias décadas intentando echar atrás el proyecto revolucionario, sus defensores –entre ellos los maestros rurales–, fueron estigmatizados.
TP: No solo las de Guerrero. Y aunque el proyecto de las escuelas normalistas nació décadas atrás, no siempre son “enemigas”, por utilizar el adjetivo de la pregunta. Muchos gobiernos estatales han sacado provecho a grupos de las escuelas para obtener un beneficio político. Pero cuando éstos ya no responden a los intereses de la política estatal –por conciencia de su condición o porque giran hacia nuevos intereses– se vuelven enemigos. Aunque la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) ha sido protagónica en la política estudiantil del país, su existencia no constituye el eje de la animadversión gubernamental.
4. Con frecuencia, la rebeldía de los maestros normalistas –tanto de los desaparecidos como de aquellos que continúan luchando– ha sido reducida por algunos medios a simples “actos vandálicos”, etiqueta aceptada por una parte de la sociedad mexicana. ¿A qué se debe esta percepción?
PMF: Las publicaciones no son gratuitas ni aisladas. Muchas veces la línea ideológica de los medios es compartida con sus financiadores. El estigma que pesa sobre los estudiantes de Ayotzinapa es, a mi juicio, la negación de la insumisión del pobre. La cobertura mediática que estigmatiza la protesta social es una constante, y más si se trata de jóvenes sin tribunas para defenderse. Durante los primeros meses de la cobertura del caso, prácticamente toda la prensa era internacional o local, más algunos colaboradores de medios electrónicos independientes. Nunca me topé con gente del Reforma, Milenio o El Universal, ni los vi entrevistar a nadie.
TP: Hay que problematizar “rebeldía” como término. Se habla de su tradición de resistencia o rebeldía, de lucha por la justicia en México. Sucede que, luego de formarlos y decirles que irán a los sitios más recónditos del país con el fin de educar y llevar el progreso, su trabajo se ve sometido a condiciones adversas. Por lo tanto, además de enseñar, dirigen la atención hacia las causas de justicia social, y es entonces que son tachados de rebeldes. No consiste en una sublevación conspirativa. Sus movilizaciones son consecuencia de su lógica: protestan, por ejemplo, si no reciben su derecho a la educación, que en su caso implica comedor, internado y acceso a un trabajo.
HED: En parte por acciones que suelen emprender los normalistas. Una vez que los grupos normalistas –estudiantiles o magisteriales– dejan de ser aliados de gobiernos estatales o federales, o cuando las condiciones de esa alianza se alteran o rompen –como sucedió durante la reforma educativa emprendida por Peña Nieto–, afloran acciones radicales. Éstas, en exceso, parecen actos vandálicos, si bien los normalistas acusan a grupos de infiltrados de realizarlas. No obstante, la estrategia recurrente entre grupos normalistas es empujar a la presión-negociación mediante paros, manifestaciones, bloqueos, cobro de cuotas, secuestran autobuses, etcétera. Aunque “negociar” generalmente significa cumplir con sus demandas.
5. Durante las últimas décadas, un número significativo de escuelas normales rurales desaparecieron. ¿Cuál es el motivo?
PMF: Su oposición al neoliberalismo. Las normales rurales son rechazadas por la ideología que piensa la educación como gasto y no como inversión. Se han reducido las normales rurales, como toda la educación pública en México. Hace décadas, cuando calaron las ideas neoliberales, la educación perdió su prioridad. Y si ya no es prioridad del Estado, con menor razón lo es llevarla a sectores pobres; o peor aún jóvenes que se empoderan y exigen. Los normalistas rurales no solo defienden su matrícula, también un modelo de educación pública y gratuita.
TP: Se relaciona con el modelo económico del Estado. Las normales producen sujetos rebeldes o críticos que defienden causas sociales, frente a un modelo de privatización. En el neoliberalismo, la superación es individual; en las normales rurales, colectiva. Con Cárdenas había 35 normales rurales; los maestros ayudaban a resolver los temas de educación y reparto agrario. Debido al énfasis en la modernización, las dos décadas siguientes bajó a 29 el número de normales rurales. Un año después de Tlatelolco, entre movilizaciones de universitarios y con la excusa de combatir un supuesto comunismo, el Estado dejó solo 15 normales rurales. Hoy son 17.
HED: A mi parecer, las normales rurales tienen dos grandes desafíos: implementar una política educativa que exija profesionalismo y modernización; y disponer de un estudiantado con interés en la carrera magisterial; la mayoría del estudiantado potencial prefiere una plaza en la ciudad. No veo, de manera generalizada, una estrategia del Estado para desaparecer las escuelas normales. El número de normales privadas y la cantidad de sus egresados por generación también ha disminuido y, rompiendo su paradigma, hay primarias particulares que contratan egresados de las normales públicas. La escasez de personal magisterial es general, pero afecta más a normales y escuelas rurales. Y si a eso sumamos conflictos, ciertos gobiernos podrían ver conveniente su desaparición.
6. ¿Cómo se ha instalado la desaparición de los estudiantes normalistas en la memoria colectiva?
PMF: Quizá este 26 de septiembre, que se cumplen 10 años, podría ser un parámetro. A veces las cifras redondas sacuden el olvido. Al comienzo hubo una reacción social fabulosa, aunque –como todo– el tiempo la desinfló. Por su magnitud, creí que los estudiantes serían encontrados y se haría justicia. Muchos esperábamos que en este sexenio hubiera avances, mas no se cumplió. Tras la desilusión, viene la prueba de la memoria viva.
TP: A largo plazo revivió la herida de Tlatelolco, un crimen de Estado impune y cuya reconstrucción tomó décadas. Además de evocar esa memoria, influyó el perfil de las víctimas: jóvenes de origen campesino que querían estudiar. Ahí se mezclan el México profundo y asuntos que la Revolución mexicana intentaba resolver: tierra y educación. En muchos sentidos, y en especial para la generación mayor, creo que se vio como un atentado contra esos ideales, un símbolo en contra de la Revolución.
HED: La desaparición de los 43 estudiantes se ha convertido en un referente histórico a la par de Tlatelolco o el Jueves de Corpus. Sin embargo, la realidad es más trágica: frente a nosotros acontece el periodo con más asesinatos y desapariciones en 18 años, sumado a la indolencia y la negligencia de la actual administración federal. No solo hablamos de los 43, sino de muchas desapariciones por las que muy pocos hacen memoria. Como ejemplo están los muchachos desaparecidos de San Juan de Los Lagos; no parece existir memoria colectiva para ellos. Es comprensible que, por sus características, los 43 tengan un significante particular. Sin embargo, para el resto no hay comisiones, fiscalías especializadas, mucho menos un grupo de expertos independientes e interdisciplinarios, o un presidente que reciba a sus familiares.
