Hacia el norponiente de Monterrey, en la que fuera la periferia urbana, persisten los vestigios de una cárcel posrevolucionaria. Me refiero al Parque Libertad, inaugurado en 2021 tras la clausura definitiva y la posterior demolición del antiguo Penal del Topo Chico, activo hasta el año 2019. Quizá lo más distintivo –al menos visualmente– de esta refuncionalización espacial es que, en esas 10 hectáreas sobre las que se erige el actual parque, entre la vegetación reverdecida y las áreas de convivencia acondicionadas para el disfrute público, sobresale un inmueble antiguo, un edificio poligonal de cinco brazos que durante casi ocho décadas y hasta hace relativamente poco albergó ambulatorios de celdas y que hoy la comunidad vecinal organizada ha renombrado de manera unánime como el “penalito”.
La decisión de dar cierre al penal –tras décadas de operación– representó, al principio, el desmantelamiento material de un nodo de inseguridad situado en medio de la mancha urbana, pero también la activación de interrogantes y discusiones en torno a la reconversión y la puesta en valor del terreno. Al poco tiempo, un consejo consultivo integrado por la iniciativa privada, organismos civiles y universidades locales presentó el diseño general del futuro espacio: zonas de recreación infantil, equipamiento inclusivo, árboles multicolores y fuentes interactivas. Así, la demolición del recinto penitenciario se gestionó en varias fases, dejando el terreno preparado para el ambicioso proyecto: el gran “Parque Libertad”, una de las obras insignia de la administración de Jaime Rodrígez Calderón, cuyo seguimiento quedaría a cargo del actual gobernador, Samuel García1.
Ante todo, cabe señalar que, conforme transcurrieron los meses posteriores a la inauguración del parque, la desatención de las autoridades se hizo visible en los montículos de tierra y escombros dispersos en distintas áreas, en las luminarias en mal estado, en las plastas de césped seco fuera de lugar, en los juegos infantiles corroídos por el óxido, en los botes de basura desbordados, en la señalética ilegible bajo capas de grafiti. El “penalito”, y en realidad el parque mismo, persiste porque hubo una organización vecinal dispuesta a cuidarlo –mediante rondines de limpieza, redes de vigilancia informal y programas de adopción de árboles– durante los largos períodos de indiferencia institucional y, ante el hartazgo, a defenderlo frente a diversos intereses políticos, bajo el lema: “Salvemos al Parque Libertad”.
Los períodos de desinterés institucional no son, de ninguna manera, casuales o fortuitos. Ya fuera por resentimientos políticos con el gobernador anterior o como parte de una estrategia más amplia de despojo, el momento culminante del conflicto por la gestión del espacio se dio en octubre de 2023, cuando el gobierno del Estado –sin previa consulta– colocó la primera piedra para la edificación de un proyecto hospitalario en el predio del parque. Este intento de imponer una nueva materialidad, completamente ajena a la lógica y los usos cotidianos que la comunidad ya había forjado en el nuevo espacio, provocó la conformación del comité vecinal en defensa del área verde. Es, entonces, derivado de un contexto de falta sistemática de gestión pública que surgió una agrupación que asumió de forma colectiva las responsabilidades de un Estado ausente.
Desde el punto de vista de quienes habitan en las colonias aledañas, el cierre del centro penitenciario y la inauguración del parque representó la posibilidad de reunirse y conocerse propiamente como vecinos, de reconocerse mutuamente como afectados por la violencia que desbordaba de la cárcel. Y es que, más allá de la noción tradicional de espacio público, el Parque Libertad es un lugar de esparcimiento donde se condensan afectos, esfuerzos y, por supuesto, memorias compartidas de quienes recuerdan haber participado en cada evento de convivencia, cada reunión vecinal y cada exigencia actualizada. Tan sólo basta con dejar atrás el bullicio de las avenidas y recorrer la amplitud del parque para observar las prácticas de autogestión vecinal.
En una de mis visitas, una vecina me invitó a acompañarla en su recorrido diario por el parque: “por aquí camino con mis amigas en la mañana”, me explicó. Su gran paraguas se volvía indispensable bajo el sol, que en aquel sector de la ciudad –donde escasean las áreas verdes– se siente aún más intenso. Mientras caminábamos entre varios arbustos y anacahuitas recién florecidas, doña Mary saludaba a grupos de niños reunidos en el área de juegos y se detenía con frecuencia para arrancar la maleza crecida alrededor de algunos árboles, animándome a hacer lo mismo. Me contó que esa práctica formaba parte de su rutina desde hacía ya varios meses, un gesto de mantenimiento cotidiano que refleja su vínculo con el parque.
Y así, aunque pareciera que los ritmos de la memoria y el olvido son dictados por la fuerza de un supuesto progreso que pocas veces deja cabida para el patrimonio material de épocas pasadas, el “penalito” emerge como un sitio convocante para quienes lo habitan. Es donde se desarrolló una parte central del conflicto por la permanencia del parque y es donde hoy se llevan a cabo las juntas vecinales. De ahí una de las preguntas clave que me hice en 2025, al inicio del trabajo de campo que emprendí en el parque y sus inmediaciones: ¿qué significa habitar la ciudad con la materialidad del pasado, con las huellas materiales de un pasado violento? Más específicamente, bajo estas circunstancias de resistencia y demanda social, ¿cómo se vuelve esa misma materialidad motivo de defensa?
Lo punitivo y lo cotidiano
No es ninguna novedad que bajo la justificación técnico-administrativa del ordenamiento territorial y, en varias ocasiones, el lenguaje de la higiene urbana, los gobiernos han tendido a clasificar la periferia como prescindible o de baja prioridad. Cuando esto se aplica a las prisiones, de por sí asociadas con una serie de connotaciones negativas por albergar el “problema social” de la delincuencia, la decisión de trasladarlas a los márgenes no es accidental; resulta ser, más bien, una estrategia de segregación espacial, de redistribución material de la violencia punitiva, lejos de la mirada pública. Así ocurrió en la zona norponiente de Monterrey, que vio la llegada de la Penitenciaría estatal hacia principios de la década de los 40.
Según recuerdan las vecinas, el hecho de vivir cerca del Penal, para la mirada externa, resultaba algo lejano, llamativo. Este distanciamiento –en principio físico– se traducía en uno de tipo simbólico y moral, pues parecía una realidad ajena, casi desconectada de la cotidianidad al otro lado de la ciudad: “de Penitenciaría para allá, no hay nadie. Dios no existe”, como coloquialmente se expresa en la retórica popular regiomontana. Este tipo de expresiones, frecuentemente enunciadas con ligereza, evocan la percepción de abandono y desesperanza asociada a la zona. Junto con los momentos de alta tensión ocurridos durante las décadas en que la institución se mantuvo activa, lo memorable para el resto de la ciudad era la imagen que de esa historia política deriva: más allá de cualquier posibilidad hacia un cambio estructural profundo, un espacio irredimible, crónicamente marcado por la violencia.
Por supuesto, para quienes habitan en las colonias aledañas, el Penal no era una abstracción moral, sino una realidad innegable. Los recuerdos de las vecinas dan cuenta de esa experiencia afectiva, hecha de sonidos, imágenes y rumores que se filtraban en el quehacer cotidiano. Lugar intermedio en el trayecto de ida y vuelta de Frida hacia la escuela, punto de referencia en las caminatas matutinas de doña Mary, o parte del paisaje visible cuando de niña, la señora Rosario, salía a jugar en las calles. En el caso de Ana Eugenia, representaba una parada obligada para acompañar a su abuela en la venta del día, mientras que, para Samuel, el Penal adquiere relevancia como su entorno laboral, ya que allí atendía a sus clientes y gestionaba diversos procesos judiciales.
Particularmente, sobre el confinamiento experimentado por la comunidad –pensemos en los altos muros levantados a lo largo del perímetro–, doña Mary, vecina de la colonia Aztlán, introduce un quiebre temporal: “después de estar encerradas tantos años, hoy ya tenemos un parque”. La posterior conversión del terreno en parque público incorpora otra lógica material asociada a la apertura y al encuentro, erigida sobre las ruinas de la institución carcelaria. En el propio discurso vecinal se traza un antes y un después, tomando como punto de referencia esa materialidad perdida, transformada o alterada.
Y a pesar de ese límite que físicamente separaba a unos y otros, en la perspectiva vecinal se revelan las interpretaciones sobre la relación entre ambas partes, cárcel y barrio; significativamente, también aparecen las preocupaciones por gestionar afectivamente el estigma vinculado a la zona, por contrarrestar o resistir la carga negativa. Frente al legado de la represión, Frida, vecina de la colonia Ferrocarrilera, nombra el vínculo histórico con el Penal desde un lugar ético distinto y reorganiza el sentir común del encasillado hacia la pertenencia: “me hace sentido que un lugar que tuvo tantas injusticias y violaciones de derechos humanos, ahora se vuelva otro símbolo, ¿no? Otra manera de hacer comunidad”.
Hacia formas alternativas de pertenencia
Uno de los momentos más memorables de esta movilización vecinal, recurrente en los relatos de las vecinas con quienes conversé, es el intento de demolición del “penalito”, llevado a cabo sin previa consulta y de manera ilegal por las autoridades, con el afán de imponer un nuevo proyecto en detrimento del parque. Prácticamente a hurtadillas, una mañana se cercó la zona para impedir el acceso y se ingresó maquinaria pesada en la zona central, que arrasó con parte de la flora circundante. Una vez dentro, la retroexcavadora comenzó a destruir y derribar los marcos de las ventanas del edificio. Al percatarse de la situación, algunas vecinas acudieron de inmediato para evitar la destrucción total del inmueble, pero la intransigencia de las autoridades fue tal, que para frenar la obra, se requirió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Como advierten algunos investigadores locales, este tipo de prácticas destructivas no son aisladas, sino que reflejan el calado de la lógica modernizadora en la identidad regiomontana desde finales del siglo XIX2,3. No es difícil hallar en la historia de la ciudad múltiples episodios similares a este –ejecutados en clave de tabula rasa– que suprimen el tejido urbano preexistente y, con ello, desarticulan formas de habitar, memorias y afectos anclados en la materialidad. Precisamente, por ser consideradas prescindibles, incluso contraproducentes para el “progreso”, se ha perdido una multiplicidad de huellas materiales que remiten al pasado común.
Tal habría sido el destino del “penalito” de no haber mediado la acción de las vecinas. Mientras que algunas personas del barrio percibían incómoda e improductiva la ruina –por la inseguridad que provocó su abandono–, para otro grupo vecinal se convirtió en motivo de defensa. En el momento en que el edificio corre el riesgo de desaparecer y se siente frágil lo propio, este grupo lo reivindica como referente identitario que vale la pena conservar. Así, en el encuentro vecinal organizado –momentos de indignación frente al actuar institucional, gestos de apoyo mutuo o logros compartidos, por ejemplo–, los afectos se negocian y se reinventan, se encadenan unos a otros y se actualizan bajo claves distintas que habilitan la reformulación del estigma, hacia el orgullo o la esperanza.
En estos últimos meses, la comunidad ha negociado y abogado por la rehabilitación integral del parque y la transformación del “penalito” en un centro cultural con exposiciones artísticas y memoriales, biblioteca y mirador. Lejos de tratarse de una mera reacción coyuntural, la movilización que describo ha demostrado ser una fuerza colectiva de largo aliento, enraizada en la experiencia de quienes habitan la zona. Si bien ha sido necesaria tanto la organización vecinal como la acción gubernamental, este caso ilustra bien las tensiones sobre quién realmente produce, sostiene y define el espacio público en la ciudad.
Finalmente, las vecinas enuncian la historia de la cárcel no como un peso o lastre inmovilizador, sino como una oportunidad para reflexionar en torno a las estructuras de poder que determinan cuáles territorios merecen inversión, cuidados y posibilidades de futuro, y cuáles pueden ser instrumentalizados desde arriba sin mayor consideración sobre la comunidad. Más aún, proponen narrativas alternativas que movilizan otro tipo de afectos en torno al espacio, con la mirada puesta en un futuro mejor. En palabras del colectivo: “es un parque que la comunidad luchó por él muchas veces, que responde a una deuda de la zona y que ahorita es el claro ejemplo de que sí se puede romper el cemento de esta ciudad”. En distintos momentos, la misma materialidad puede funcionar como dispositivo de vigilancia carcelaria y soporte de resistencia comunitaria.
Referencias
1 Casas, J. (2015). Imaginarios interrumpidos. Ensayo sobre el patrimonio perdido de Monterrey. Fondo Editorial de Nuevo León.
2 Prieto, J. (2014). Patrimonio Moderno y cultura arquitectónica en Monterrey: claves de un desencuentro. Fondo Editorial de Nuevo León.
3 Sánchez-Macedo, J. (2018). Donde habita el olvido: conformación y desarrollo del espacio público en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, 1980-2007. [Tesis de maestría, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora]. Repositorio Institucional. https://mora.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1018/425
